En un comunicado, el procurador General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat indica que, tras la publicación en algunas redes sociales de un vídeo en el que una mujer critica la exculpación por la jurisdicción de 17 individuos acusados de la violación de esta mujer y de sus hermanas, y acusa al Tribunal de parcialidad después de haber sido notificadas, así como su defensa, del aplazamiento del proceso hasta el próximo mes de junio, antes de ser "tomadas por sorpresa" tras la programación del caso para el 19 de mayo de 2022, lo que les impidió asistir a la audiencia y ser oídas, además de la afirmación de que las investigaciones no afectaron al conjunto de las personas implicadas, así como la no interacción inmediata de los elementos de la Gendarmería Real con la agresión, se ha iniciado una investigación que ha revelado que esas denuncias son contrarias a la realidad.
El expediente de este caso, explica el comunicado, se programó para la sesión del 12 de mayo de 2022, que tuvo lugar en presencia de los acusados, de su defensa y de las víctimas, que solicitaron tiempo para preparar la defensa, petición a la que el Tribunal accedió fijando la fecha del 19 de mayo de 2022, a sabiendas de que se había enviado una citación a las víctimas para celebrar sesiones anteriores, pero a las que no habían asistido alegando su traslado a una dirección desconocida.
Asimismo, y contrariamente a las alegaciones contenidas en el vídeo, según las cuales el caso se retrasó hasta junio y las víctimas no pudieron asistir a la audiencia, la misma fuente señala que su defensa estuvo presente en la sesión del 12 de mayo de 2022, como ya se ha señalado, y la sesión del 19 de mayo de 2022, en la que se ha retrasado el caso, le fue notificada pero no ha asistido.
Prueba de ello es el hecho de que la señora, que afirma estar entre las víctimas de la agresión según el vídeo, estaba presente en la puerta de la Corte en el momento de la sesión del 19 de mayo de 2022 y alegó que se había impedido a las víctimas acceder al tribunal, lo cual es lógicamente infundado e intolerable, ya que el acceso a las salas de audiencia está abierto al público en general y, por lo tanto, especialmente a las partes interesadas, incluidas las víctimas y los testigos. Además de esto, sostiene el comunicado, su defensa no se presentó a su vez en la sesión del 19 de mayo de 2022, que, sin embargo, fue informada de manera presencial en la sesión del 12 de mayo de 2022, lo que revela contradicciones en las declaraciones.
El procurador General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat precisó a continuación que las penas impuestas a los acusados fueron fijadas por el tribunal en 12 años de prisión firme, lo que forma parte del poder discrecional del Tribunal.
Según la misma fuente, la acusada a la que se refieren las declaraciones de una de las víctimas no fue absuelta como se afirma en el vídeo, sino que fue condenada a dos años de prisión incondicional, tras la recalificación de los actos que se le imputan, siempre según el poder discrecional del órgano jurisdiccional.
En cuanto a las deficiencias atribuidas a los elementos de la policía judicial encargados de la investigación, todo agente que haya cometido efectivamente un acto ilegal está siendo procesado conforme a la ley, mientras que se ha abierto una investigación judicial sobre las alegaciones de una presunta corrupción, difundidas en el vídeo, prosigue el comunicado, afirmando que el curso jurídico se situará a la luz de las conclusiones de la investigación, incluso por lo que se refiere a la seriedad de las afirmaciones contenidas en el vídeo.
Concluyó que, en el marco de las funciones que le confiere la ley y partiendo de su convicción de la gravedad de los actos cometidos por los acusados, la Fiscalía General interpuso un recurso a raíz del veredicto mencionado, lo que dará lugar a la reapertura del proceso de apelación. Por consiguiente, todas las partes podrán asistir al juicio y la Fiscalía General velará para que su desarrollo sea conforme a la ley, garantizando a todas las partes las garantías a que tienen derecho en virtud de la ley y de conformidad con las condiciones y garantías del juicio imparcial.