El parlamento unicameral desechó primero, con 69 votos en contra y 53 a favor, una moción que proponía celebrar los comicios en 2024, que ya había sido rechazado el miércoles.
La otra moción rechazada tras cinco horas de debate fue la que tenía como propósito adelantar las elecciones para 2023 y realizar un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, dos de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de diciembre.
De ese modo, ya fueron desestimadas media docena de proyectos que, con diversos matices, apuntaban a anticipar los comicios, pero aún quedó por debatir otro, presentado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Cualquiera de esos proyectos necesitaba, para ser aprobado, al menos dos tercios del total de las bancas totales.
El último miércoles, el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, presentó un proyecto que planteaba celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año, lo que implicaba elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que comenzó en 2021 y que concluye en 2026.
Horas después, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno presentó en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto de elecciones generales para este año, "un proyecto de ley que, por mandato constitucional, tiene el carácter de urgente".
Esta iniciativa legislativa incluye que la primera vuelta se celebre el segundo domingo de octubre de 2023 y será presentada este viernes en el Congreso por varios ministros.
“Esperamos que el Congreso ponga prontamente, si es posible en los próximos días, en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y reflexionar sobre la necesidad de la paz y tranquilidad que el país requiere, y de una correcta lectura del sentido de la urgencia que la perspectiva democrática necesita en estos momentos tan complicados para el país”, señaló Otárola, al presentar la iniciativa.
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
En ese contexto murieron 48 personas (47 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 10 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.212 personas (entre ellas, 281 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, aunque fuentes no oficiales informan de más de 60 fallecidos.
La Defensoría reportó además que este mediodía se mantenían 83 cortes de rutas en diversos puntos de 22 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.