Al presentar dicho proyecto de ley ante la Comisión de Interior, Colectividades Locales, Vivienda y Política de la Ciudad de la Cámara de Representantes, el ministro explicó que el desarrollo del uso legal del cannabis tiene también un alcance social en la medida en que pretende proteger a los agricultores de las redes internacionales de tráfico de drogas.
Además de las oportunidades económicas reales que ofrece, el texto ambiciona mitigar las consecuencias nefastas de los cultivos ilegales para la salud pública y el medio ambiente, concretamente las relacionadas con la deforestación, que afecta a unas 1.000 hectáreas al año, el agotamiento del suelo y de los recursos hídricos, así como la contaminación de las aguas subterráneas, y ello, de acuerdo con los compromisos internacionales de Marruecos.
El proyecto de ley también prevé la creación de normas jurídicas, organizativas y de procedimiento, necesarias para evitar que la legalización se desvíe de sus objetivos legales, añadió.
Las disposiciones contenidas en el proyecto de ley se dividen en 9 capítulos, dijo, explicando que la primera parte prevé disposiciones generales que explican las diferentes nociones relacionados con el ámbito de aplicación de esta ley.
Estas disposiciones prevén el establecimiento de un régimen de autorizaciones como condición necesaria para el ejercicio de las diferentes actividades que se enmarcan en el uso legal del cannabis, a saber, el cultivo, la producción, la transformación, la industrialización, la comercialización, el transporte, la exportación y la importación de cannabis y sus derivados, así como la importación de semillas y plantas de cannabis y la explotación de sus viveros.
El segundo capítulo está dedicado a la delimitación del perímetro dedicado al ejercicio de las actividades mencionadas, limitando las autorizaciones de cultivo y producción de cannabis a las cantidades necesarias para el uso médico, industrial y farmacéutico.
Con el fin de legalizar el cultivo y la producción de cannabis legal de forma que se alcancen los objetivos previstos, se han establecido las condiciones para la obtención de la autorización necesaria sobre la base del principio de preferencia nacional, exigiendo al mismo tiempo la nacionalidad marroquí y la residencia en el territorio mencionado.
Por otra parte, los agricultores están obligados a afiliarse a cooperativas creadas especialmente para este fin y que estarían vinculadas, en virtud de contratos, a empresas de industrialización y transformación de cannabis o a empresas exportadoras autorizadas a comercializar las cosechas.
El tercer capítulo establece las condiciones necesarias para obtener la autorización de la realización y explotación de viveros de cannabis, así como la autorización de exportación o importación de semillas y plantas, al tiempo que prohíbe la venta de semillas y plantas a personas no autorizadas a cultivar y producir cannabis, señaló Laftit, explicando que ésta es una de las principales garantías para restringir este cultivo exclusivamente a los beneficiarios de autorizaciones por motivos lícitos.
El cuarto capítulo, relativo a las modalidades y condiciones de transformación e industrialización del cannabis y sus derivados, estipula que el solicitante de la autorización debe cumplir ciertas condiciones esenciales, a saber, la creación de una empresa sujeta a la ley marroquí.
Para garantizar la calidad del producto, este proyecto de ley exige a las empresas disponer de espacios de almacenamiento seguros y supervisados, respetar el pliego de condiciones y definir las modalidades de transporte de los productos derivados del cannabis.
En virtud del capítulo 5, las operaciones de comercialización, importación y exportación de los productos farmacéuticos médicos y no médicos están sujetas a la Ley 17-04 y al Dahir 1922, mientras que la comercialización, importación y exportación de los otros derivados están sujetas a la autorización de la agencia concernida, añadió, señalando que el capítulo 6 define las modalidades de concesión y denegación de autorizaciones, teniendo en cuenta las disposiciones relativas a la simplificación de los procedimientos administrativos.
Para garantizar la aplicación de este proyecto de ley, continuó Laftit, su capítulo VII prevé la creación de un órgano de gobernanza encarnado por la Agencia Nacional para la Regulación de las Actividades del Cannabis, como una institución pública con personalidad jurídica y autonomía financiera responsable, en coordinación con los departamentos gubernamentales, para llevar a cabo varias funciones como la concesión, la renovación y la retirada de licencias, de acuerdo con las disposiciones del proyecto de ley.
La Agencia también se encargará, en coordinación con los departamentos gubernamentales e instituciones concernidas, del seguimiento, la supervisión y el asesoramiento al sector público y a los profesionales sobre las técnicas de gestión de las explotaciones, el desarrollo y la comercialización del cannabis, mediante la exploración de los mercados nacionales e internacionales, además de la orientación de los agricultores y el aliento a las mujeres rurales, añadió.
También, se trata de establecer pliego de condiciones y guías de buenas prácticas a seguir en las actividades relacionadas con el cannabis, además de velar por el respeto de las mismas y por la aplicación de la estrategia del Estado en materia del cultivo, producción, transformación y comercialización del cannabis para usos médico, cosmético e industrial.
Consciente de la necesidad de establecer un sistema de control que garantice el respeto de las normas y los procedimientos legales de este proyecto de ley, el capítulo VIII ha establecido dos mecanismos principales. La primera está relacionada con el seguimiento del cannabis lícito en todas las fases de su cadena de producción, transformación, importación, exportación y comercialización, así como con el mantenimiento de registros que permitan el seguimiento de las existencias, y la segunda se refiere al etiquetado y envasado de este material, precisó Laftit.
A fin de garantizar la aplicación de las disposiciones de este texto, la ley ha encomendado a los agentes de la policía judicial, los de aduanas, los agentes de aguas y bosques, así como a los agentes jurados designados por la Agencia, la tarea de identificar y establecer las infracciones, dijo.
El ministro subrayó que este proyecto de ley se inscribe en un contexto en el que varios países aspiran a beneficiarse del uso legal del cannabis, para mejorar sus resultados económicos, al tiempo que superan los efectos negativos del cultivo y el uso ilegal de esta planta.