La ONG española lamentó en un comunicado el trato laxo y permisivo dado por la justicia española a este caso, fustigando la posición del juez Santiago Pedraz, que no tomó ninguna medida restrictiva contra este criminal a pesar de los graves cargos que se le imputan, y la del fiscal general, cuya "indulgencia en el tratamiento de este caso es inaceptable".
"¿Por qué el juez de instrucción no hizo ninguna pregunta al acusado? ¿Por qué el fiscal no llevó a cabo un interrogatorio más exhaustivo?", se pregunta la ONG, señalando que el magistrado y, sobre todo, el fiscal general mostraron una clara dejación de funciones.
En esta línea, El Foro Canario-Saharaui añadió que este caso "pone en duda la independencia de nuestro sistema judicial y la separación de poderes en nuestra democracia".