Entre estas medidas, el nuevo gobierno tiene previsto poner en marcha un programa de pequeños y grandes proyectos públicos, promover el acceso a la salud y la educación, mejorar el acceso a los centros de atención primaria, invertir en telemedicina y reforzar los recursos de las academias regionales de educación y formación y la generalización del transporte y la alimentación escolar en las zonas rurales.
Se trata, asimismo, de la instauración de un "ingreso de dignidad" en beneficio de los ancianos, y de la generalización de las prestaciones familiares, que constituyen los principales instrumentos destinados a reducir las disparidades económicas y sociales entre los medios urbano y rural. Estas medidas pueden contribuir a la consagración de la regionalización avanzada, que se verá reforzada por la renovación del programa de reducción de las disparidades sociales y espaciales.
En efecto, el programa de lucha contra las disparidades territoriales y sociales en el mundo rural, lanzado en 2015 en aplicación de las altas orientaciones reales, tiene por objeto reducir el déficit de infraestructura y servicios sociales básicos en las zonas rurales, como la educación, la salud, el agua, la electricidad y las carreteras rurales.
Este programa sin precedentes, implementado en 2017, ha permitido el lanzamiento de 6.982 proyectos y acciones a nivel de 1.093 comunidades rurales y 73 centros rurales y comunas periurbanas.
El gobierno se compromete así a renovar este programa, que ha permitido la racionalización de la acción pública en beneficio del mundo rural, para colmar las lagunas en materia de servicios sociales y aprovechar las posibilidades de desarrollo local y regional, mediante la creación de infraestructuras básicas y de ocio y la creación de espacios dedicados a las diferentes actividades económicas en las zonas rurales.