"La economía informal presenta tres períodos distintos de evolución: (I) durante el primer período 1988-1998, la economía informal se mantiene en casi el 40% del PIB; (II) durante el segundo período 1999-2008, la economía informal disminuye a 32-34% del PIB, (III) durante el último período 2009-2018, la tendencia a la baja continuó pero a un ritmo más moderado para alcanzar un nivel ligeramente inferior al 30% del PIB", indican los autores de este documento de investigación.

Los resultados de dicho estudio, realizado por Kamal Lahlou, Hicham Doghmi y Friedrich Schneider, también muestran que las estrategias aplicadas desde principios de la década de 2000 para mejorar el entorno institucional, económico y financiero han contribuido a reducir el tamaño de la economía no estructurada.

Sin embargo, la persistencia de importantes actividades no estructuradas requiere reformas estructurales adicionales, en particular las relacionadas con la educación, el sistema judicial, la política fiscal y el mercado de trabajo, sostienen estos investigadores para subrayar en este contexto que ninguna política única o aislada puede dar lugar a una reducción significativa del tamaño del sector informal.

Para ellos, "Una estrategia de formalización debe incluir reformas integradas que aborden la complejidad y las particularidades de la informalidad en cada sector.

Además de las reformas estructurales, estos investigadores recomendaron una serie de medidas para integrar el sector informal, entre ellas el fortalecimiento de la coordinación y el seguimiento de las políticas dirigidas a la economía sumergida, la evaluación continua de la evolución de esta economía y el fortalecimiento del sistema de detección mediante el intercambio de información entre las diferentes instituciones.

Asimismo, preconizan que se desarrollen las capacidades y los procesos de la administración tributaria para realizar controles fiscales más selectivos, la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales por una sola administración tributaria y la introducción de incentivos fiscales mediante amplias consultas entre los diferentes actores.

También, se trata de la realización de campañas de sensibilización sobre los beneficios del trabajo declarado, el fortalecimiento de la digitalización de la administración pública, así como el desarrollo del uso de los pagos electrónicos como parte de la estrategia nacional de inclusión financiera.