El comunicado, firmado por Abogados Sin Fronteras o la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros, acusó al Ministerio del Interior de crear un ambiente "hostil" hacia los ciudadanos con el fin de disuadirles de prestar ayuda a través de acoso, amenazas y confiscación de documentos de identidad.
"Estas prácticas amenazan no solo a las personas solidarias, sino también a la vida de niños y mujeres que se ven privados de alimentos, medicinas, leche para lactantes y otras necesidades vitales", señalaron las ONG, que pidieron a las autoridades garantizar la libertad y la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de su estatus administrativo.