En su intervención en el punto 2 del orden del día de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el defensor saharaui de Derechos Humanos Adnan Braih, llamó la atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la difícil situación de "miles de saharauis condenados al silencio en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde el polisario y sus milicias armadas están sembrando el terror" en un intento de sofocar por todos los medios la protesta y la ira popular en los campamentos.
"Confiando en su compromiso de ser la voz de los sin voz, vengo a defender el caso de miles de saharauis condenados al silencio en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde el polisario y las milicias armadas siembran el terror y gobiernan a sangre y fuego, beneficiándose de la complicidad de las autoridades argelinas que hacen caso omiso de los llamamientos del Secretario General de la ONU, de las decisiones y dictámenes de los Órganos de Tratados y de los mecanismos de Derechos Humanos de la ONU que comprometen la responsabilidad directa del Estado de Argelia en las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por su ejército y por las milicias del polisario", subrayó Braih.
Braih evocó el caso de su propio hermano, Ahmed Khalil Braih, ex miembro del polisario que fue secuestrado en enero de 2009 por los servicios de inteligencia argelinos mientras investigaba las violaciones cometidas por los líderes separatistas.
"En efecto, el Estado argelino sigue negándose a revelar la suerte de mi hermano, Ahmed Khalil Braih, quien fue secuestrado por sus servicios de inteligencia en enero de 2009 en Argel cuando era asesor de Derechos Humanos del secretario del polisario, a pesar de la decisión del Comité de Derechos Humanos hecha pública en julio de 2020, y de las manifestaciones en los campamentos de Tinduf para exigir su liberación", ha alegado.
Adnan Braih instó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a "actuar para que las autoridades argelinas asuman sus responsabilidades a la hora de garantizar los derechos de los saharauis en su territorio, tal y como exige el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y poniendo fin a la impunidad de la que gozan los torturadores".