"De no haber una solución política, económica y social al corto plazo, se estima que podría haber más refugiados venezolanos que sirios", afirmó el Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región en el documento, y precisó que los 7 millones de migrantes y refugiados podrían alcanzarse “de reabrirse las fronteras y profundizarse la crisis en el país suramericano”.
Desde 2015, más de 5,6 millones de personas abandonaron Venezuela, -cifra que equivale a más del 18% de la población venezolana-, siendo "la crisis de desterrados más grande en la historia de la región”, indicó a la prensa David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo, el cual fue creado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018, durante la presentación del documento.
Además, el informe detalla que, pese al cierre de fronteras en numerosos países por la pandemia de coronavirus, "el número de migrantes y refugiados venezolanos sigue creciendo". Antes de la pandemia, 5.000 venezolanos huían diariamente de su país, pero el impacto del Covid-19 obligó a más de 140.000 a retornar a sus lugares de origen.
En este contexto, cinco países del continente americano han recibido a más del 70% de los venezolanos que han huido de su país desde el 2015, siendo Colombia el país con mayor cantidad de migrantes del país vecino (1.7 millones), seguido por Perú (1.050.000), Estados Unidos (465.000), Chile (457.000) y Ecuador (431.000).
El informe fue realizado gracias a investigaciones realizadas por el Grupo de Trabajo en base a testimonios de migrantes y refugiados venezolanos, quienes aseguran que han huido de su país debido a la “emergencia humanitaria, violación a los derechos humanos, inseguridad, colapso de los servicios públicos y la crisis económica”.
Venezuela atraviesa una crisis política, económica y social marcada por una hiperinflación, aumento de la pobreza y aumento de la delincuencia que dejó como resultado una emigración masiva del país desde la llegada al poder en 2013 de Nicolás Maduro, cuya legitimidad la OEA desconoce por considerar viciada su reelección en 2018.