En un comunicado remitido a la MAP este lunes, el Consejo también expresa su determinación de tomar todas las medidas jurídicas para garantizar la independencia del poder judicial y su imparcialidad y preservar la dignidad y el respeto de los jueces, que queda, ante todo, un baluarte y un derecho para el justiciable y la garantía fundamental de un juicio justo.
Lo que se ha difundido como datos y comentarios en este caso ha distorsionado deliberadamente la verdad a través de una lectura selectiva de hechos probados con el fin de cuestionar la legalidad y la validez de los procedimientos y hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que no se cumplieron las condiciones de un juicio justo para el acusado Maati Monjib y que no se respetó su derecho a la defensa en la última audiencia celebrada el 20 de enero de 2021, indicó el Consejo.
Precisó, en este marco, que otra es la realidad de este caso, ya que el acusado Maati Monjib asistía asiduamente a las audiencias de este juicio, que comenzó en 2015, durante el cual era procesado en estado de libertad provisional por los cargos de atentar contra la seguridad interior del Estado y de estafa, antes de decidir ausentarse durante las últimas cinco audiencias, incluso antes de su detención en relación con otro caso presentado ante el juez de instrucción por sospechas de "blanqueo de dinero".
Maati Monjib fue llevado de nuevo al tribunal el 20 de enero de 2021 para comparecer ante el juez de instrucción y tras haber abandonado la oficina de instrucción a las 11H30 no fue devuelto a la cárcel y permaneció en el tribunal, lo que refleja la preocupación de las autoridades judiciales competentes por permitirle ejercer su derecho a asistir a la vista del juicio de 2015, que comenzó a las 15H30, porque aunque está detenido en relación con el caso de blanqueo de dinero, sigue en estado de libertad en el marco del caso de 2015, por el que se ha dictado una sentencia, explicó el Consejo Superior del Poder Judicial.
Por ello, se mantuvo al acusado en el Tribunal a la espera de que manifestara su voluntad de asistir a la vista, pero ni él ni su defensa lo hicieron, a pesar de que se le informó de la fecha de la vista y a pesar de la presencia de uno de sus abogados en la audiencia de otro caso. Al final de la audiencia, fue llevado de nuevo a la cárcel, añadió.
En consecuencia, su ausencia, al igual que la de su defensa, fue una decisión personal voluntaria, contrariamente a las alegaciones difundidas y que pretenden distorsionar deliberadamente la verdad para apoyar tesis que carecen de fundamento real, prosiguió el Consejo, que con sus observaciones quiere consagrar los valores de apertura y comunicación, seria y responsable, y informar a la opinión pública nacional e internacional.
El Consejo Superior del Poder Judicial afirmó que lo difundido carece de fundamento jurídico y constituye un desconocimiento deliberado de las normas de ley conocidas por todo el mundo, ya que el Código del Procedimiento Penal autoriza a todo acusado procesado en estado de libertad a no asistir al juicio, agregando que el tribunal no lo obliga a asistir y no lo cita de nuevo, sino que deja constancia de su ausencia en el acta a pesar de estar informado de la fecha de la audiencia, y dicta una sentencia en su contra que es calificada jurídicamente "como contradictoria".
"Esto es lo que se aplicó de manera normal por el tribunal en el juicio del acusado Maati Monjib, que sigue siendo un caso como cualquier otro caso penal, sabiendo que la mayoría de las personas procesadas en estado de libertad en este tipo de juicios prefieren no asistir a las audiencias y se dictan sentencias a pesar de su ausencia en la última audiencia", añade la misma fuente.
El Consejo también explicó que el acusado Maati Monjib, que fue condenado en primera instancia, tiene derecho, como todos los demás acusados, a recurrir la sentencia en su contra y a estudiar todos sus detalles y adelantar lo que considere oportuno en su defensa y en el marco de la ley.
"Sobre la base de lo anterior, todas las alegaciones divulgadas para presentarlo como alguien que ha sido privado de su derecho a la defensa y a un juicio justo quedan infundadas desde el punto de vista jurídico y en los hechos", concluyó el Consejo Superior de la Magistratura.