En una circular dirigida a los procuradores y procuradores generales, Daki llamó a aplicar las disposiciones de la Ley 17.04 sobre el código del medicamento y de la Farmacia, que prohíbe la exposición y venta al público de medicamentos y productos farmacéuticos no medicinales fuera del marco legal.
Esta cuestión requiere una atención especial, en particular mediante el recurso a la policía judicial para coordinar con los servicios regionales del Ministerio de Sanidad o los servicios centrales de la Dirección del Medicamento y de la Farmacia, para el seguimiento y la vigilancia de todas las formas de venta y de distribución ilegales de medicamentos.
Estas medidas tienen por objetivo aplicar de la función del Ministerio Público, especialmente mediante el tratamiento de los casos pendientes ante los tribunales en un plazo razonable, así como la adopción de las medidas necesarias para confiscar los materiales y productos incautados, velando por su destrucción debido a su peligrosidad y su impacto nocivo en la salud pública.
Por otra parte, se tratará de impugnar las resoluciones judiciales cuyas sanciones sean desproporcionadas a la gravedad de los hechos o no tengan en cuenta la reincidencia, precisa la misma fuente, que llamó a los procuradores y procuradores generales del Rey a demostrar responsabilidad, dada la importancia de este asunto para la salud pública.